La capacitación de calidad, el desarrollo profesional y el incremento de la competitividad empresarial son elementos que están estrechamente ligados. Si las personas se forman, se mejora el capital humano y, por ende, la productividad. Sin embargo, para obtener los máximos beneficios de este rubro hay que afrontar y superar varios desafíos.
De acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de la Productividad 2018, los desafíos que presenta la capacitación laboral en Chile son los siguientes:
Desafío 1: estructura de formación profesional
De acuerdo con opiniones de expertos citados en el informe, el problema central que enfrenta la formación técnico-profesional en Chile es la ausencia de un sistema macro, es decir, no tiene un funcionamiento sistémico general, especialmente a causa de tres factores:
- Ausencia de rectoría: el país no cuenta con un único ente rector para la formación técnico profesional. Están el Ministerio de Educación para la educación reglada, el SENCE y la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ChileValora). En consecuencia, tampoco existe una visión integrada ni un sistema capaz de ofrecer múltiples alternativas interrelacionadas a las personas. Por un lado, la educación técnico-profesional y el mundo de la capacitación son espacios separados e inconexos. Por otro, al interior de la educación formal hay barreras para que determinada institución reconozca realmente los progresos logrados en otros estamentos de la estructura educacional.
- Ausencia de coherencia normativa: los diferentes agentes que participan en el proceso de formación de competencias no operan bajo una normativa común, por lo que se encuentran diferentes cuerpos normativos que regulan aspectos parciales del sector educación y capacitación.
- Fragmentación en la política de formación y entrenamiento: la misma ausencia de rectoría y de coherencia deriva en una gran dispersión de roles entre diversas instituciones. Problemática agravada por la falta de una visión estratégica que oriente la oferta formativa a nivel nacional. Cada actor institucional influye en el sistema a su manera, generando así diversidad de mediciones y criterios que no aportan a una visión del entorno en su totalidad, desperdiciando recursos y confundiendo al usuario. Más grave todavía es que esta segregación también se presenta al interior de cada institución y en el sector privado.
Para superar este desafío, Estado, entidades de formación y demás implicados deben trabajar por la consolidación de un sistema de formación técnico-profesional con un solo ente rector, coherencia normativa y la unificación de las políticas que rigen la actividad.
Desafío 2: nivel de competencias de la población
Aunque ha aumentado la cobertura educacional en el país en los últimos 25 años, la alta deserción y la ausencia de un sistema de formación técnico-profesional -y su estructura fragmentada- impiden que la población adquiera las competencias que requieren para desempeñarse correctamente en su vida personal y laboral.
Desafío 3: caracterización del mercado laboral y competencias del futuro
Las políticas de formación deben ser implementadas teniendo en cuenta el permanente cambio generado por el desarrollo tecnológico, y la actual estructura no es capaz de anticipar las competencias que requerirá el mercado laboral en el futuro. Al respecto, el informe señala que el 61% del empleo (4,9 millones de personas) tiene riesgo de ser automatizado en los próximos años, y un 24% (1,9 millones de personas) muestra alto riesgo de ser afectado por al avance de la tecnología.
Sumado a lo anterior, Chile es el país con el envejecimiento poblacional más acelerado de la región. Por lo tanto, la mayor parte de las actividades en el futuro serán ejecutadas por la población más adulta, que debería someterse a programas de formación continua para evitar el deterioro de las habilidades producto del paso del tiempo.
Por otra parte, Chile es uno de los países de la OECD con mayor descalce entre competencias y opciones de adquirirlas. Una tercera parte de los trabajadores se emplean en plazas que requieren un grado mayor o menor al que poseen, y la mitad se desempeñan en un área distinta a aquella en la que cursaron estudios. Esto afecta tanto a las personas (empleabilidad, salario y satisfacción laboral) como a las empresas (rotación laboral, costos y baja productividad). Además, genera a nivel nacional subempleo, desempleo y baja productividad.
En la Mesa Redonda de ICARE, Fernando Arab -Subsecretario del Trabajo- afirmó que“hay que mejorar nuestro actual sistema de capacitación”, algo que puede conseguirse mediante diferentes acciones estratégicas, como la conexión de la educación técnica y profesional con la capacitación de calidad, la creación de cursos enfocados en los verdaderos requerimientos del mercado laboral y la incorporación de los trabajadores al tren de la modernidad.
