Los empleados públicos tienen su propia regulación laboral, enmarcada en el Estatuto Administrativo, que se diferencia del Código del Trabajo. Por eso resulta clave que quienes se desempeñan en la administración pública conozcan la información más relevante sobre esta normativa.

Según cifras de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), hasta marzo de 2024, el personal disponible total del Gobierno Central alcanzó los 488.153 puestos. Estos funcionarios se verían beneficiados al saber qué es el Estatuto Administrativo, para trabajar en organismos como el Congreso Nacional, Contraloría, tribunales de Justicia, ministerios y gobernaciones.

¿Qué es el Estatuto Administrativo?

Este cuerpo legal, englobado dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), en su sistematización DFL 1-19653, especifica el conjunto de normas y leyes que regulan la relación entre el Estado y los funcionarios públicos, estableciendo los derechos, deberes y obligaciones de ambas partes. En resumen, define las condiciones al trabajar en el sector público.

Mediante el Estatuto Administrativo se busca garantizar el buen funcionamiento de los organismos públicos. Esto implica resguardar la protección de los funcionarios y ofrecer un servicio de excelencia a los ciudadanos. 

Sistema de evaluación y derechos de un funcionario público

El Estatuto Administrativo establece las pautas para evaluar el desempeño y los derechos que les corresponden a quienes trabajan para el Estado.

La administración pública define un sistema de calificaciones para evaluar y calificar el rendimiento de estos profesionales. A su vez, existe un escalafón que, a partir de las observaciones de las juntas calificadoras, permite ascender laboralmente en el sector público, considerando los méritos de cada funcionario.

En materia de los derechos de un funcionario público, estos incluyen:

• Derechos derivados de la carrera funcionaria.
• Derechos de naturaleza social o de la familia.
• Derechos de naturaleza económica.
• Derechos de seguridad social.
• Derechos gremiales.

Principios y leyes que regulan a los funcionarios públicos

Los empleados del sector público se rigen bajo los principios de probidad administrativa, principio de transparencia y declaración de patrimonio e intereses. Estas bases legales buscan resguardar el correcto actuar de quienes trabajan para el Estado. Por ejemplo, la Ley 20.880 engloba la función pública y prevención de los conflictos de intereses. 

Por su parte, la Ley 20.730 regula el lobby y las gestiones de los funcionarios públicos, para impedir la búsqueda de beneficios particulares.

Así, se consigue evitar la ocurrencia de actos prohibidos o incompatibles con el cargo, como:

• Utilizar información confidencial en beneficio propio o de terceros.
• Influir indebidamente sobre una persona aprovechándose de un cargo público.
• Utilizar dinero o bienes de una institución pública en beneficio propio o de terceros.

Oportunidad para aprender las normas y leyes que regulan la función pública

Capacitación UC comprende la importancia de que los profesionales que realizan labores de gestión, y quienes se desempeñan dentro del mundo público, conozcan en profundidad su reglamentación.

Estos conocimientos se pueden adquirir mediante el curso Estatuto Administrativo, que permite comprender los principales detalles de la relación entre el Estado y los funcionarios públicos.